Empresa y perspectiva de género: el punto de partida hacia la equidad

La aplicación de medidas o acciones que mejoren las condiciones de partida de determinados colectivos en situación de desigualdad, para que puedan alcanzar las mismas oportunidades que el resto de la población es una práctica cada vez más puesta en práctica tanto por instituciones como por empresas. Muchas de estas últimas, conscientes de que hay que personas que, de partida, no gozan de las mismas oportunidades que otras, han decidido poner en marcha ciertos criterios para suplir esa diferencia y facilitar su inclusión en el mercado laboral.

España ocupa el puesto número 17 del mundo en cuanto a paridad de género, y aún estando en la parte alta de la tabla, nuestra brecha salarial actual por género se sitúa en el 28,21%, según el último informe Global Gender Gap 2022. Si miramos el dato relativo a uno de los muchos techos de cristal, sólo una de cada tres personas de las juntas empresariales son mujeres (32,60%).

Además de estas diferencias, existen otras variables que determinan otras muchas brechas laborales que menoscaban el talento femenino, como son la mayor tasa de paro femenina, la menor tasa de actividad, el menor número de horas laborales, o el peso de la conciliación laboral. Todos estos aspectos y factores de la realidad estadística sobre la situación laboral de las mujeres en España, ponen de manifiesto la importancia de implementar medidas correctoras hacia las mujeres y, especialmente, hacia aquellas culturalmente diversas, además, triplican los datos de desigualdad con respecto a las mujeres españolas y que siguen sustentando la mayoría de trabajos precarios tanto por sectores como por condiciones laborales.

Conseguir la igualdad real y efectiva dentro de las empresas, debe ser una tarea prioritaria para corregir las injusticias y desigualdades heredadas. Un modo de lograrlo es aplicar acciones que reviertan en espacios de equidad efectiva.

En España, con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, incluye por primera vez en el ordenamiento jurídico la definición de acciones positivas, en concreto en su artículo 11:

“Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.”

Aquí os proponemos unos tips que se pueden llevar a cabo para repercutir en la mejora de condiciones de partida de las mujeres en la empresa:

  1. Diagnosticar y reconocer la existencia de la desigualdad de oportunidades por razón de género y diversidad cultural dentro de la empresa.
  2. Promover acciones de formación y empoderamiento femenino para trabajar el liderazgo y abrir el camino al ascenso laboral a los puestos de dirección.
  3. Procurar el equilibrio de género en la incorporación de nuevos talentos en la empresa, hasta lograr la paridad.
  4. Aplicar medidas de corresponsabilidad, conciliación laboral y flexibilidad horaria y espacial, que acomoden las necesidades de atención familiar, tanto de hombres como de mujeres.
  5. Desarrollar programas de mentorización y prácticas de mujeres diversas culturalmente.
  6. Implantación de nuevas formas de reconocer, compensar y evaluar a los equipos, más personalizadas y con desarrollo de planes de carrera reales.
  7. Realizar acciones de sensibilización y visibilización del talento femenino y diverso en la empresa.
  8. Mantener un canal de escucha activa y continua para las personas trabajadoras, que facilite un espacio seguro de identificación de necesidades y oportunidades.

La paridad, las acciones positivas, las cuotas o las legislaciones no son el final del camino, más bien son el comienzo, con el objetivo puesto en un cambio de actitudes y valores respecto a la distribución social de los sexos, de las oportunidades de hombres y mujeres, de su acceso a los recursos, a condiciones y capacidades para participar de la vida social, política, económica y personal.

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